jueves, 27 de junio de 2013

SINDICATO-ANDALUZ-DE TRABAJADORES


MIÉRCOLES, 26 DE JUNIO DE 2013


La Almoraima no se vende, se defiende

Nota de prensa Unión local: Sat Jimena-Campo de Gibraltar.  
El Gobierno ya tiene la lista de los organismos y entespúblicos que quiere suprimir, privatizar, trasladar ofusionar en su reforma de las administraciones públicas,aprobado con fecha 21 de Junio de 2013 en el Consejo de Ministros. La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ha elaborado el listado de entes destinados a desaparecer o a ser modificados.
Son 57 organismos afectados, entre los que desaparecen y los que se integran en otros, o son absorbidos,o cambian de ministerio, o de estructura o dejan incluso deser de carácter público, más otros once que engordan por la absorción de algunos de los 57 mencionados.

Entre los organismos Autónomos que se quieren suprimir, integrándose sus medios en la organización ministerial correspondiente, se incluyó la finca o Sociedad mercantil "La Almoraima".

Cabe destacar, que el pasado 8 de Enero el SAT-Jimena presentó una instancia a la actual dirección de La Almoraima solicitando una reunión, de la cual no hemos obtenido respuesta.

Hecho que denunciamos en este mismo comunicado, pues parece que se tiene más interés por parte de la señora Ugalde y amigos, que pretenden privatizar y vender en paquetes la finca, sin importarles que los pueblos sigan pasando calamidades, miserias, hambre... en vez de darle una solución definitiva a esta lacra social-económica que sufren nuestras zonas rurales.

Desde el SAT-Jimena, apostamos por conjugar la explotaciónde los recursos con la implantación de pequeñas industrias de transformación, reclamamos soberanía alimentaria y para ello pedimos sistemas de socialización de los recursos y explotación de los terrenos públicos, esta fue la principal argumentación del gobierno socialista de Felipe González para la expropiación de la finca de Ruíz Mateos (Rumasa), encabezando la operación el entonces ministro Carlos Romero.

El SAT-Jimena sospecha además, que los nuevos dirigentes que manejan los destinos de las 16.000 hectáreas de esta finca la están librando de cualquier dificultad, para venderla, y para ello no les importa dejar en el paro a trabajadores que llevan toda la vida trabajando y que con su esfuerzo han logrado que sea una de las fincas mejor conservada del Parque Natural de los ALCORNOCALES.

También queremos destacar, que aun ni Psoe ni sus aliados IU en el gobierno de la Junta, se han posicionado al respecto, pero si decimos alto y claro, que el SAT-Jimena, no va a permitir nunca que el mayor latifundio público de Europa se PRIVATICE.  La Almoraima es una finca del estado, y al no ser de la junta no es posible incluirla dentro del banco de tierras, puesto que para ello debería de darse el paso de ser del estado a ser de la junta autonómica. Además queremos decir bien alto que no aceptamos las migajas del gobierno de la Junta, ya que sólo la Almoraima sobrepasa en 4.000 hectáreas la cantidad de tierra prometida por el gobierno para todo el territorio de Andalucía.

Y HAGAN LO QUE HAGAN ESTOS MONOPOLIZADORES DE NUESTROS RECURSOS, LA ALMORAIMA SERÁ POR Y PARA EL PUEBLO.

sábado, 22 de junio de 2013

¿ LA VENDE? O ¿ESTA VENDIDA?

Los 57 organismos que el Gobierno suprime, fusiona o adelgaza en la reforma

El listado de los entes de la Administración que el Gobierno quiere tocar

El Gobierno ya tiene la lista de los organismos y entes públicos que quiere suprimir, trasladar o fusionar en su reforma de las administraciones públicas, que este viernes aprueba en el Consejo de Ministros. La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ha elaborado el listado de entes y qué se haría con ellos. Si el lector es funcionario, trabajador público o empleado de cualesquiera de estos entes, este listado es de su especial interés. Son 57 organismos los afectados entre los que desaparecen, se integran en otros, son absorbidos, cambian de ministerio, de estructura o dejan incluso de ser de carácter público, más otros once que engordan por la absorción de algunos de los 57 antedichos.
Organismos Autónomos que se suprimen, integrándose sus medios en la organización ministerial correspondiente
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas
Consejo de la Juventud de España.
Organismos Autónomos que se fusionan e integran en otros existentes
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (se integra en el INTA)
Servicio Militar de Construcciones (se integra en el INVIED)
Instituto Nacional del Consumo (se integra en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición).
Organismo Autónomo que asume las funciones y medios de un Centro directivo
Instituto de la Mujer, que asume las funciones de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades.
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social que se fusionan en una única Entidad
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Instituto Social de la Marina (ISM)
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Supresión de las Entidades mancomunadas de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Consorcios que se suprimen
Consorcio Solar Decathlon
Consorcio para la Construcción del Auditorio de Málaga
Consorcio Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Zaragoza (I2C2)
Unificación de los 8 Consorcios Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) en una sola persona jurídica y centralización de la gestión económico-administrativa, para priorizar y optimizar la inversión en investigación.
Fundaciones que se suprimen pero se integran en un ministerio
F. Colegios Mayores MAEC-AECID, se integra en la Fundación EOI
F. Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar (FOMAR), se extingue y liquida
F. AENA, se integra con la F. Ferrocarriles Españoles en la nueva Fundación del Transporte
F. General de la UNED, se integra en la UNED
F. para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.es), se integra en el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos
Fundación Taller Juan José, se extingue y liquida
F. Centro Nacional del Vidrio, su gestión es asumida por la Fundación EOI, en los términos que se precisen
F. Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO), se integra en ICEX
F. Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información (CENATIC), se integra en el Ente Público Red.es
F. Ciudad de la Energía (CIUDEN), se integra parcialmente en el IDAE, salvo las actividades museísticas
F. Española para la Innovación de la Artesanía, se integra en la Fundación EOI
F. Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón (FUNDESFOR)
F. Observatorio Español de Acuicultura (OESA), se integra en la Fundación Biodiversidad o en la organización empresarial
F. ENRESA, se integra en la sociedad mercantil ENRESA.
Fundaciones que dejan de tener la consideración de fundaciones públicas
F. de Aeronáutica y Astronáutica Españolas
F. Museo do Mar de Galicia
F. Canaria Puertos de Las Palmas.
Fundación que cambia de Ministerio de Adscripción:
F. Víctimas del Terrorismo pasa al Ministerio del Interior.
Fundación que se convertiría en organismo público
Fundación Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación (ANECA).
Entidad Pública que se suprime, integrándose sus medios en el ministerio
Gerencia del Sector de la Construcción Naval.
Sociedades Mercantiles que se extinguen. Además de las afectadas por el Acuerdo de Consejo de Ministros referido anteriormente, se plantea la extinción de:
Sociedad Logística y Transporte Ferroviario, S.A. (LTF)
Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de La Gomera
Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de La Estaca, del Hierro
Sociedad Mercantil Programas y Explotaciones de Radiodifusión, S.A. (PROERSA)
-----"SOCIEDAD MERCANTIL LA ALMORAIMA S.A."--
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Organismos Autónomos y Agencias Estatales que integran sus servicios comunes: (informática, proveedores, etcétera):
Actividades formativas:
Centro de Estudios Jurídicos (CEJ)
Instituto de Estudios Fiscales (IEF)
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPCO)
Actividades de investigación:
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Instituto de Estudios Oceanográficos (IEO)
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
Instituto de Salud Carlos III (ISC III)
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).


miércoles, 5 de junio de 2013

Impresionante! Más de 70.000 apoyos en apenas día y medio. Firma esta petición urgente y compártela con todos tus conocidos -- juntos podemos alcanzar los 100.000 antes de la presentación de la denuncia hoy ante la Fiscalía. 

Queridos amigos y amigas, 



Influyentes políticos podrían llevar años machacando a las renovables y complaciendo a las grandes eléctricas que les fichan como altos directivos. Por primera vez se han conseguido reunir suficientes evidencias como para solicitar que la fiscalía actúe, pero necesitamos sumar nuestro apoyo ahora.Firma y comparte la petición:

Firma la petición
Mientras leéis este correo, un nuevo y monumental escándalo está a punto de explotar. Durante los últimos años, los gigantes de la energía en España podrían haberse aliado con influyentes políticos para asegurarse enormes beneficios mientras libraban una guerra sucia contra las energías renovables. Pero ahora tenemos la oportunidad de sacar a la luz estos trapicheos y retomar la senda hacia un futuro más verde y limpio. 

Como si fueran poderosos clubs de fútbol, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa y otrasgrandes compañías han peinado el parlamento fichando a ex-presidentes de gobierno, ministros, secretarios de estado... para defender sus intereses multimillonarios. Su presión feroz está provocando la gradual demolición del sector de las energías limpias en nuestro país, arrebatándonos el liderazgo que hemos ejercido durante años. El resultado es indignante: un oligopolio de empresas llenándose los bolsillos – ¡tan solo tres compañías atesoran unos beneficios anuales de más de 6 mil millones de euros anuales! -- , mientras los ciudadanos pagamos unas de las facturas eléctricas más altas de Europa y el sector de las renovables agoniza. 

Pero si actuamos ahora podemos darle un dramático vuelco a la situación: la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético está a punto de presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que evidencia los vínculos entre empresarios y políticos, y las consecuencias catastróficas que se derivan exigiendo una investigación a fondo para analizar el posible desvío de poder y tráfico de influencias. Pero para que la denuncia tenga éxito es fundamental recabar el apoyo de la ciudadanía, hagámoslo. Firma la petición y suma tu nombre al anexo de apoyo que será remitido con posterioridad a la presentación de la denuncia, y si aún quieres ir más lejos, deja tu DNI en el recuadro de al lado, e incluiremos tu nombre en la denuncia original:

http://www.avaaz.org/es/apuesta_por_las_renovables/?bZvlccb&v=25495 

El equipo de Avaaz con la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. 

PD. ¡Muchas campañas de Avaaz son creadas por miembros de nuestra comunidad! Empieza una ahora y consigue cambiar la realidad a nivel local, nacional o global en cualquier asunto: http://http://www.avaaz.org/es/petition/start_a_petition/?bgMYedb&v=25181

martes, 4 de junio de 2013

Los vampiros de los pobres


EL SISTEMA ENERGÉTICO ESPAÑOL HA PERJUDICADO EL INTERÉS GENERAL MIENTRAS HA ENRIQUECIDO A UNAS POCAS EMPRESAS Y PERSONAS


MILES DE CIUDADANOS PRESENTARÁN ANTE LA FISCALÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN UN ESCRITO PARA QUE DETERMINE SI EXISTIÓ PREVARICACIÓN O TRÁFICO DE INFLUENCIAS

CONSIDERAN QUE PODRÍA EXISTIR RESPONSABILIDAD PENAL DE PRESIDENTES, MINISTROS Y ALTOS CARGOS DE LOS DIFERENTES GOBIERNOS

EL ESCRITO SE PRESENTARÁ A LA FISCALÍA MAÑANA MIÉRCOLES, 5 DE JUNIO. LAS FIRMAS SE ESTÁN RECOGIENDO A TRAVÉS DE LA COMUNIDAD AVAAZ


Miles de ciudadanos presentarán mañana miércoles, 5 de junio, un escrito a la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que determine si existió prevaricación y/o tráfico de influencias, y por lo tanto si se derivan responsabilidades penales, en las decisiones adoptadas por Presidentes, Ministros y altos cargos de diferentes Gobiernos, que determinaron la configuración del actual modelo energético español, gravoso para la ciudadanía y rentable para un reducido grupo de empresas y personas. Algunos de estos beneficiarios pudieron tomar decisiones trascendentes desde la Administración, que resultaron lucrativas para las empresas en las que posteriormente se integraron.


La ciudadanía ha visto como la factura de la luz se ha incrementado un 70% en los últimos 10 años, al tiempo que se ha generado un déficit de tarifa entorno  a los 30.000 millones de Euros; mientras que, en este mismo periodo, las empresa eléctricas españolas han generado unos beneficios extraordinarios que no han cesado ni siquiera en los años de la más profunda de las recesiones mundiales conocidas. Tal y como informó el diario El Economista (31/05/2013) “de cada cien euros de ingresos que generaron las compañías del sector, en Europa convirtieron en beneficio 2,6 euros y en España, 6,8 euros. Pero esta situación no ha sido algo aislado de 2012, sino que está siendo la tónica general de los últimos años y todo indica que seguirá en los próximos”.

Las tecnologías generadoras más apartadas de las tres principales empresas del sector eléctrico, precisamente las renovables, han sido claramente perjudicadas por la normativa emitida por los últimos Gobiernos; a pesar de sus innegables ventajas sociales económicas y medioambientales, en contra de las tendencias internacionales, las disposiciones comunitarias y de la propia ciudadanía, puesto que, como indica el Eurobarometro, el 81% de los españoles reclama un nuevo modelo energético basado en el uso de energías renovables.

Los ciudadanos pretenden que se depuren responsabilidades penales, si las hubiera, que se avance hacia un nuevo modelo energético, social y medioambientalmente responsable y que se inicie la senda de una regeneración política y social. Las firmas se están recogiendo a través de la aplicación de Avaaz, comunidad global de movilización online que integra la acción política impulsada por la ciudadanía (www.avaaz.org).

El documento que se va a presentar a la Fiscalía detalla la aprobación de distintas normas por parte de autoridades pertenecientes a diferentes Gobiernos y Ministerios de Industria, que pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación y de tráfico de influencias, porque expresa: “con sus actuaciones absolutamente arbitrarias, tendenciosas e injustas que están perjudicando hasta la extenuación a un extenso número de pequeños empresarios y a varios millones de consumidores en aparente beneficio de un pequeño número de compañías del sector”, por lo que considera que “las pruebas que se adjuntan en el relato fáctico, son suficientemente notables como para que el presente escrito sea tenido en consideración a los efectos instructores, solicitándose del Ministerio Público la investigación de los hechos, de la que con mucha probabilidad derivarán responsabilidades penales”

El texto recopila, analiza y documenta tanto una sucesión de medidas aprobadas por la Administración, y que fueron a juicio de los firmantes, muy perjudiciales para el interés general; como los puestos a los que posteriormente accedieron las personas que favorecieron o condicionaron la adopción de dichas medidas y que posteriormente fueron remuneradas por empresas del sector eléctrico. Entre otras personas aparecen los Presidentes,Felipe González Márquez y José María Aznar López; los Ministros Narcís Serra Serra, Luis de Guindos, Elena Salgado, Pedro Solbes Mira, Ángel Acebes Paniagua, Ana Palacio Valle-Lersundi, Manuel Marín González y María de los Ángeles Amador Millán; así como otros altos cargos: José Luis Olivas Martínez, Miguel Amigo Mateos, Fabrizio Hernández Pampaloni, Joan Majo Cruzate, Ignacio López del Hierro, Ramón Pérez Simarro, Rosa Rodríguez Díaz, Braulio Medel Cámara, Fernando Becker Zauzua, Santiago Cobo Cobo, José Folgado Blanco, Arantxa Medizabal, Joseba Andoni Aurrekoetxez, Marcelino Oreja Aguirre y Enrique Martínez Robles.

Los ciudadanos firmantes recuerdan en el texto que “nuestro Derecho establece taxativamente que los órganos públicos sólo pueden perseguir intereses generales, incurren irremediablemente en desviación de poder todas aquellas autoridades que realizan actos aparentemente legales, pero cuya finalidad reconocible no es otra que favorecer los intereses particulares de un partido político, grupo de presión, etc.” e indican que “no tenemos capacidad suficiente como para poder definir la perpetración de este tipo punitivo en ninguna de las personas que se describen en este documento. Sin embargo, sí nos parece que la situación es lo bastante grave como para que el Ministerio Fiscal realice las pesquisas necesarias para su correcta evaluación”.