sábado, 6 de julio de 2013

Medio Ambiente pone a la venta la gran finca pública de alcornoque

Cañete busca un magnate que compre La Almoraima, en Cádiz, una de las últimas propiedades del Estado que quedan de la expropiación de Rumasa

Uno de los parajes de la finca de La Almoraima. 

El Ministerio de Medio Ambiente ha colgado el cartel de “se vende” en la finca de La Almoraima, una enorme propiedad con el 90% del terreno en el Parque Natural de Los Alcornocales (Cádiz). Se trata de una finca de más de 14.109 hectáreas que el Estado gestiona desde la expropiación de Rumasa, en 1983. Para darle valor, el departamento que dirige Miguel Arias Cañete, ha presentado un plan para que allí se pueda construir un aeródromo, dos campos de golf y un hotel de cinco estrellas, según la directora de la sociedad, Isabel Ugalde, que admite que no será fácil encontrar comprador, al menos en España.
La Almoraima ya apareció en un listado de sociedades públicas a extinguir en 2012, pero Medio Ambiente rectificó y la retiró. El departamento que dirige Miguel Arias Cañete, que hace unas dos semanas visitó la finca, alegó entonces que su intención era poner en orden las cuentas. Ahora, una portavoz del ministerio señala que “se va a vender el patrimonio [de La Almoraima] cuando la Administración reciba una oferta razonable y que suponga una venta ventajosa; nunca se malvenderá La Almoraima”. Ugalde explicó el viernes que “por supuesto que se está intentando vender”, aunque señaló que es difícil que un comprador español se haga cargo: “Hay cinco personas en España [que podrían adquirirla] pero no tienen ningún interés”. Por las características de finca enorme de caza con aeródromo y a 70 kilómetros de Marbella, lo previsible es que un magnate del Golfo o del Este sean los principales destinatarios de la oferta. Tampoco se descarta venderla a trozos.
EL PAÍS
Ugalde señaló que antes de privatizar una de las mejores fincas públicas de España se ha dedicado a “darle valor” mediante un plan de usos que contempla la construcción de un hotel de cinco estrellas, un aeródromo privado, dos campos de golf y una instalación industrial de transformación del corcho. Aunque el 90% de la finca es parque natural y tiene los usos limitados, hay una zona próxima a los exclusivos campos de golf de Valderrama y Sotogrande donde el ministerio cree que un inversor podría construir.
La venta no entraña ningún problema legal, ya que por su historia La Almoraima es una sociedad anónima cuyas acciones están en manos del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Vender las acciones es sencillo. No ocurre lo mismo con el plan de Castilla-La Mancha de vender montes de utilidad pública, que por ley son “inalienables, inembargables e imprescriptibles”.
La sociedad perdió el año pasado 1,2 millones de euros y en 2011 ganó 66.000, según las cifras que aporta Ugalde, que pronostica que este año la firma ganará algo de dinero. Hay un pequeño hotel (23 habitaciones en un convento rehabilitado del siglo XVII) y un restaurante. Además, hay cultivos, el Estado vende monterías, explota el corcho de los alcornoques y ofrece visitas guiadas.
La finca es una maravilla. El paseo en todoterreno a los turistas muestra un paisaje de alcornocales único en Europa con ciervos y gamos en cada recodo. Los alcornoques descorchados muestran el tronco pelado color rojo. “La última selva mediterránea”, la define la web de la sociedad.
Cuánto espera ingresar Medio Ambiente no está fijado —ni hay previsión en los presupuestos de Parques Nacionales— pero la venta remite al antiguo debate entre el valor y el precio. A 6.000 euros la hectárea, la privatización de La Almoraima permitiría recaudar 84 millones de euros. Aunque en los años de la burbuja, la tierra se ha llegado a pagar hasta tres y cuatro veces más en esa zona. Pero, ¿cuánto vale la principal finca del parque natural de los alcornocales?
Dos operarios quitan la corteza a un alcornoque de la finca. / EFE
Ugalde admite que una venta sería irreversible, ya que el Estado nunca podría recomprar algo así, que consiguió por una expropiación de una empresa mucho mayor. “Me daría muchísima pena venderla y si fuera mía no la vendería. Pero, ¿está el Estado para hacer estas cosas? [...] Estamos criando terneros, corderos y plantando trigo, girasol, maíz, pasto, sorgo...”. Esta, que cobra 55.000 euros brutos al año de La Almoraima, insiste en que cumple con el programa electoral del PP y que, si apareciera un inversor, “le tocaría la lotería a toda la zona”.
El caso promete ser polémico, porque la Junta de Andalucía ha pedido la gestión de La Almoraima en repetidas ocasiones. La finca es emblemática. Jesús Casas, exdirector de Doñana, recuerda alguna visita allí con Felipe González a principios de los noventa. “Alguna vez nos escapábamos desde Doñana y Felipe decía: ‘esto es un patrimonio público que no se puede vender pero tenemos que conseguir que no cueste dinero a los españoles”. Ruiz Mateos la compró en 1973 al Ducado de Medinaceli. En 1981, antes de llegar al Gobierno, González medió entre el Ayuntamiento y Ruiz Mateos para que esta cediera 527 hectáreas de la finca al pueblo, según recuerda el portavoz del PSOE en Castellar, Francisco Vaca.
En el municipio en el que se encuentra La Almoraima el asunto es especialmente sensible. Aunque solo sea porque la finca ocupa 14.000 de las 18.000 hectáreas del término. El alcalde, Juan Casanova, de IU, se opone a la privatización: “Dicen que si viniera un inversor sería estupendo y solucionaría los problemas económicos de Castellar, pero nosotros creemos en la diversificación, no solo en el turismo; que haya también industria de transformación agrícola y forestal. No sé si pretenden vender la parte que está fuera del parque o toda, pero inicialmente estamos en contra de la privatización”. Y avisa de que no hay en el mundo mucha gente capaz de comprar esa propiedad.
En La Almoraima hay 54 empleados fijos y unos 40 eventuales al año. El PSOE ha presentado preguntas en el Congreso para conocer el destino de la finca, y recuerda que solo en el Plan E se invirtieron allí 3,34 millones más 7,4 de un plan de desarrollo sostenible del ministerio.
El responsable de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, sostiene que la búsqueda de un comprador “forma parte de la desamortización emprendida por el PP. La discusión sobre el dominio público marítimo terrestre [afectado por la Ley de Costas] forma parte de este proceso”. Y añade que aunque el mercado inmobiliario esté moribundo “si algo tiene algún atractivo son los espacios de más alto valor ecológico, que es lo único que pueden vender”.
MIENTRAS TANTO, TODO EL PUEBLO DE CASTELLAR TENDRA QUE ESPERAR A QUE SE VENDA O NO SE VENDA, Y SI HAY SUERTE TODOS LOS MILLONES DE EUROS QUE SE OBTENGAN POR LA VENTA SE IRAN PARA LA CAPITAL..A LLENAR LOS BOLSILLOS DE LOS DEL PP O DEL PSOE

domingo, 30 de junio de 2013

UNA AGRICULTURA SIN CAMPESINOS

La Unión Europea parece estar empeñada en acabar con el pequeño campesinado. Así se desprende de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) aprobada anteayer en Bruselas. Unas medidas que benefician, una vez más, a los grandes terratenientes y a la agroindustria, en detrimento de aquellos que trabajan y cuidan la tierra.
Un solo dato: a pesar de que en el Estado español sólo 350.000 personas están dadas de alta como trabajadores en el campo, 910.000 reciben ayudas. ¿Quiénes son, pues, esos 560.000 perceptores de subvenciones que no son campesinos pero sí reciben dicho dinero? El informe Una Política Agraria Común para el 1%, de Veterinarios Sin Fronteras, lo deja claro. Se trata de empresas de la agroindustria, grandes viticultoras, supermercados y terratenientes. Sus nombres y apellidos: Pastas Gallo, Nutrexpa, Osborne, Nestlé, Campofrío, Mercadona, la Casa de Alba, por sólo mencionar los mayores beneficiarios.
Eso sí. Con la nueva PAC, ni aeropuertos ni ferrocarriles ni campos de golf recibirán más ayudas agrarias. Imagino que el robo, o desvío de fondos, resultaba demasiado escandaloso. Otros amigos de Arias Cañete, en cambio, seguirán recibiendo cuantiosas subvenciones. A destacar, su esposa, Micaela Domecq, terrateniente andaluza y propietaria de Bodegas Domecq. Ya se sabe, quien parte reparte.


Como afirma el sindicato agrario COAG, en su valoración y análisis de la reforma de PAC, "se corre el riesgo de desmantelamiento de un sector, el agrario, estratégico para nuestra economía". Algo que no es nuevo, pero que con las actuales medidas no hace sino agudizarse. Hoy, menos del 5% de la población activa en el Estado español trabaja en la agricultura, y una parte muy significativa son personas mayores. Algo que, según los estándares actuales, es símbolo de progreso y modernidad. Tal vez, tendríamos que empezar a preguntarnos con que parámetros se definen ambos conceptos.
La agricultura campesina es una práctica en extinción. Anualmente, miles de fincas cierran sus puertas. Sobrevivir en el campo y trabajar la tierra no es tarea fácil. Y es que quiénes más salen perdiendo en el actual modelo de producción, distribución y consumo de alimentos son, precisamente, aquellos que producen la comida. La renta agraria se situaba en 2007, según la COAG, en un 65% de la renta general. Su empobrecimiento es claro. Avanzamos hacia una agricultura sin campesinos.
Y, si estos desaparecen, ¿en manos de quién queda nuestra alimentación? Creo que la respuesta es clara: en manos de un puñado de empresas de la agroindustria y la distribución que controlan cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria, desde las semillas hasta el producto final. Cargill, Monsanto, Syngenta, Dupont, Procter & Gamble, Nestlé, Kraft, Mercadona, Eroski, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés... son quienes, finalmente, nos dan de comer. Y, así nos va.

No quieren ningun precedente por la autovia

El Gobierno central deniega el permiso para la marcha por el empleo del día 6

REDACCIÓN ALGECIRAS | ACTUALIZADO 30.06.2013 - 01:00
Los permisos necesarios para la marcha por el empleo convocada por la Plataforma Social del Campo de Gibraltar para el sábado 6 han sido denegados por la subdelegación del Gobierno en Cádiz y no por la administración de la Junta de Andalucía, como atribuyó por error este periódico en una información publicada en la edición de ayer. 

Las competencias en la materia recaen en el Ejecutivo de Madrid, que ha denegado a la organización la solicitud para marchar por la autovía A-7 entre la barriada sanroqueña de Taraguilla hasta llegar al centro de Algeciras. En su lugar, la plataforma ha acordado una protesta para el 20 de julio por la ciudad algecireña, para la que deberán solicitar nuevamente los permisos. 

Para la organización, la decisión de la subdelegación del Gobierno en Cádiz, que encabeza Javier de Torre, responde a una cuestión política más que operativa. El colectivo insistió en que existen medios técnicos suficientes para garantizar la seguridad de los manifestantes y del tráfico y ejemplificaron en la celebración de marchas de este tipo autorizadas tanto en la Sierra de Cádiz como en la propia bahía gaditana, con varias columnas de manifestantes que también han tenido que andar por vías abiertas al tráfico, sin que se les hayan negado los permisos desde el Gobierno de la nación.