POR UNA GESTION COMPETENTE DE LA ENERGÍA

Hablar de energía sigue siendo harto complejo por la opacidad y falta de transparencia con la que funcionan nuestros mercados energéticos. Si se añade la inestabilidad regulatoria sobre la que está asentada la gestión energética, a decreto ley por trimestre y un déficit democrático acendrado, resulta difícil explicar a la sociedad qué se oculta detrás de esa forma de nuevo despotismo ilustrado en que se ha convertido la política energética.

 -Nuevas propuestas, las mismas propuestas.

El Gobierno realizó el pasado mes de marzo el enésimo anuncio de nuevos recortes por otros 2.000 M€ al sector eléctrico y a las renovables, cargando a los Presupuestos Generales del Estado 2.000 M€ más de costes regulados. Todo ello, se supone, para iniciar una época de estabilidad regulatoria. Sin embargo, si echamos la vista atrás se puede comprobar cómo se trata de las mismas propuestas fracasadas de hace un año, medidas que, después de cinco decretos leyes, siguen repitiéndose como el día de la marmota. Cuando llegue el verano el Ministerio de Hacienda pondrá las cosas claras y volverá a repetirse para 2014 la misma historia que para 2013 y los objetivos de déficit público harán imposible que se traslade al gasto público la incompetencia de la gestión energética. Y vuelta a empezar, con la salvedad de que ya habrá transcurrido la mitad de la legislatura. La deriva es tal que a primeros de mayo, y una vez constatado que, tras un primer trimestre de mucha lluvia y viento, las renovables han constituido la mitad de la generación eléctrica total y ha dejado el precio de la electricidad en sus niveles más bajos desde 2007, anuncian nuevas medidas para limitar la entrada de las renovables en el mercado, es decir, discriminar su acceso en contra de todas las directivas europeas vigentes para favorecer la entrada del gas y el carbón.

Para una vez que España se ha adelantado y liderado el desarrollo de una nueva tecnología energética como las renovables ahora se dice, ignorando su espectacular desarrollo en todo el mundo, que se hizo “de forma demasiado temprana” y hasta se piensa crear un banco malo para las instalaciones renovables que los inversores, principalmente fotovoltaicos, perjudicados por las medidas retroactivas que reducen la rentabilidad prevista asegurada, no puedan seguir manteniéndolas. En vez de analizar el fracaso regulatorio de 2012 que ha hecho que, sobre las previsiones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la desviación del coste del déficit de tarifa haya sido de un 114% mientras el de las renovables ha sido del 22%, se insiste en desmantelar nuestro modelo renovable sin hacer un diagnóstico correcto de las verdaderas causas por las que el déficit sigue descontrolado, creciendo cinco veces más que las primas que retribuyen a las renovables.

-Un proyecto de ley incongruente.

Con el mismo objetivo fracasado de reducir los costes regulados, el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley para garantizar el suministro e incrementar la competencia en los sistemas eléctricos extra-peninsulares que suponen un coste próximo a los 2.000 M€. Después del vaivén recorrido entre la tarifa y los presupuestos desde 2011, los costes extra-peninsulares siguen en la tarifa y ahora se pretende reducirlos en Canarias por otras vías. La primera, abrir la competencia sustituyendo el monopolio de ENDESA por el de REE y ENAGAS. Segunda, lograr así una mayor penetración de las renovables reconociendo por primera vez en el preámbulo de la ley que “provocan una reducción de costes”, pero sin establecer ninguna medida específica que favorezca el desarrollo de las renovables en las islas. Tercero, se pretende “reducir el riesgo sistémico de garantía de suministro eléctrico” a través de una estrategia de gasificación del archipiélago.

En resumen, se sustituye un monopolio por otro, se reconocen las externalidades positivas de más renovables pero sin renovables y se garantiza el suministro con nuevas infraestructuras gasistas para más gas importado. Con esto se pretende reducir costes regulados y costes todavía inexistentes en los Presupuestos Generales del Estado. Ya se habla de ahorros cuando estos costes todavía no se conocen, pero como la propuesta se basa en un intervencionismo inconcebible en un sistema liberalizado, todo apunta a una visión muy parcial y errónea de nuestros problemas energéticos y que el propio Ministerio ha justificado por tratarse ENDESA de una empresa “de otro país”, como si la participación de fondos soberanos de Singapur, Méjico, Argelia, Qatar, Omán o Abu Dabi en REPSOL,  Gas Natural, Iberdrola, Enagás y CEPSA no representaran riesgo alguno de suministro.

No se crea un marco nuevo para abrir la competencia ni para un mayor desarrollo de las renovables sino que se incrementa la dependencia energética del gas que resulta una apuesta mucho más cara que la de desarrollar en las islas Canarias el primer proyecto europeo cien por cien renovables por poseer la mayor abundancia de recursos naturales del mundo para ello. No es casual que en el proyecto de ley se incluya la obligación de someter a declaración de impacto ambiental los proyectos de hidrocarburos no convencionales para legalizar las autorizaciones de exploración en más de 400.000 hectáreas de nuestra geografía. Esta sí que es una apuesta temprana y de costes tan imprevisibles como desconocidos, pero que ya se quiere regular sin ni siquiera estimarlos. Este proyecto de ley es el mejor ejemplo para explicar la actual política energética.

- Las renovables reducen el precio de la electricidad.

En el primer trimestre de 2013 el precio base de la energía ha bajado un 16,2% por lo que el precio de la luz ha bajado un 6,7% en abril ya que el Gobierno decidió no subir la parte regulada del recibo de la luz. Rápidamente hay quien ha atribuido esta buena noticia al funcionamiento propio del mercado; la realidad es que en el primer trimestre de este año la mayor pluviometría, viento y sol a coste cero han elevado la producción renovable hasta  el 51% del total y en el mes de abril hasta el 54%, cumpliéndose lo que ya está demostrado desde hace tiempo, que en la medida que aumenta la generación renovable bajan los precios de la energía por megavatio hora y que con una mayor producción de generación convencional suben los precios. Durante 15 días del mes de abril el mercado mayorista cerró a un precio medio por debajo de 10 euros MWh y un día completo a cero euros, cuando el precio medio durante 2012 fue de 47,23 euros MWh. La realidad es que son las renovables las que reducen el precio del pool eléctrico.

Según el estudio de APPA sobre el impacto macroeconómico de las renovables, en el periodo 2005-2011 el ahorro por la disminución del coste de la energía debido a las energías renovables en el mercado diario de OMEL fue de 28.482 M€, mientras el coste de las primas fue de 20.875 M€. Las renovables abarataron el precio de la energía en 7.600 M€. Si a esta cifra se añade el importe de las emisiones evitadas de CO₂, de 2.825 M€, y las importaciones energéticas evitadas en ese mismo periodo, de 12.938 M€, se llega a la conclusión que el ahorro total de las renovables a la economía nacional ha sido de 44.245 M€, más del doble que la retribución que han recibido en primas. ¿Qué sentido pude tener, pues, discriminar las renovables sacándolas del mercado?

A la mayor producción renovable se ha unido en los primeros meses de 2013 una bajada más acusada del consumo eléctrico que ha descendido un 4,8% de media. Desde 2008 la demanda eléctrica arrastra una caída de un 20%, lo que supone una pérdida de ingresos para el sistema que incrementa el déficit tarifario y aumenta la sobrecapacidad de las instalaciones de generación, sobre todo centrales de gas. En 2012 el déficit de la tarifa creció cuatro veces más que el coste de las renovables. Según APPA, desde 2008 los pagos por capacidad han crecido un 402% y los de interrumpibilidad un 117%. Para 2013 el Ministerio de Industria ha previsto un nuevo incremento de los costes regulados como única forma de atajar tal desfase de ingresos sobre la base de un descenso de la demanda eléctrica de un 0,3% que ha quedado desbordado nada más comenzar el año, por lo que una vez más 2013 será otro año de déficit tarifario descontrolado.

Los datos de la balanza comercial de 2012 son también importantes para entender qué costes inciden en mayor medida en el precio de la energía. Mientras el déficit comercial se redujo un 33,6%, las importaciones energéticas crecieron un 13,9%, alcanzando el saldo del déficit comercial en energía los 45.503 M€, equivalente al 4,5% del PIB. Esta es la cifra que marca la insostenibilidad económica de nuestro modelo energético. Desde 2009 el coste de las importaciones de gas se ha incrementado en un 93% mientras ha descendido la demanda de gas para generación. Incrementar la dependencia energética con crecimiento negativo del PIB es un dato nefasto que merecería otro diagnóstico y otras medidas muy distintas de política energética; sin embargo, la apuesta del Gobierno trata de luchar contra la dependencia energética con un mayor impulso a la economía de los combustibles fósiles y se trata de una apuesta insostenible que solo conduce a una gran crisis energética.

Despreciar el valor de las renovables impulsando más importaciones energéticas de hidrocarburos a la vez que desciende el consumo es un embudo atascado a punto de desbordarse. La bajada de la luz en abril es solo un espejismo político que vuelve a ocultar la falta de ideas y decisiones para abordar las razones de un déficit tarifario desbocado que solo se trata de compensar con subidas de los costes regulados, paralización de las renovables e, inexorablemente, con futuras subidas de la luz. En 2013 la inversión renovable ha descendido un 96% y se han eliminado todos los recursos destinados a eficiencia energética.

La abundancia de recursos renovables en nuestra naturaleza ha demostrado que las renovables son positivas para el consumidor y reducen la factura de las importaciones de hidrocarburos. Pese a las barreras normativas y económicas que se les han impuesto esta tendencia marca el futuro del cambio de modelo energético porque no solo suponen un ahorro sino que disponen de un potencial suficiente para que tampoco supongan un coste para el consumidor.

-La bola de nieve del gas.

La CNE ha advertido que de no tomar medidas para 2020 el déficit tarifario del gas podría alcanzar los 3.000 M€ y ha avisado igualmente de un déficit “explosivo” en el gas butano. En 2012 la patronal del gas, Sedigas, ha reconocido un déficit de 310 M€ y solo en los dos primeros meses de 2013 la demanda de gas ha descendido un 9,6%. Estos datos han llevado al Ministro de Industria, Energía y Turismo a anunciar nuevas medidas para incentivar el consumo de gas en el transporte y en las calderas de calefacción.

Los problemas del gas son ajenos por completo a las renovables y fueron perfectamente descritos en el preámbulo del RDL 13/2012, del mes de marzo,  que paralizó todas las infraestructuras gasistas considerando que descendiendo el consumo de gas desde 2007 se seguían ejecutando infraestructuras gasistas; aquí radica el desastre en que se ha convertido la planificación gasista de 2002. En 2012 la paradoja ha continuado al incrementarse las importaciones de gas cuando el consumo ha seguido bajando. La explicación está en los contratos de aprovisionamiento take or pay que obligan a pagar el gas al suministrador extranjero independientemente que se consuma o no. Esto ha hecho que, con una economía en crisis desde 2007, se hayan seguido instalando centrales de gas en régimen liberalizado  por 9.000 MW y creciendo la dependencia del gas argelino hasta el 45% en 2012. La consecuencia es una sobrecapacidad de generación y una pérdida de rentabilidad de las inversiones que fácilmente se ha achacado a las renovables, pero que es la causa del aumento de los pagos por capacidad y restricciones técnicas, es decir, de los costes regulados y de la necesidad de vender ese gas a Argentina, India o Japón.

El futuro no va a ser mejor dada nuestra vulnerabilidad ante los cambios en la geopolítica del gas. Antes del ataque de Al Qaeda en Argelia a la planta de gas In Amenas en enero, el Gobierno de Egipto cerró la planta en Damietta de GNL de Unión Fenosa Gas, Catargas ha subido los precios a Gas Natural igual que hizo Sonatrach en 2007 y España prácticamente ha perdido el control del gasoducto MEDGAZ. Los contratos de suministro son secretos y esa opacidad la paga el consumidor a través de recargos que el Ministerio de Industria aprueba en la tarifa del gas sin la más mínima transparencia.

-Dos cuellos de botella.

La tendencia desde que se inició la crisis en 2008 es de un empeoramiento de todos los ratios energéticos: la demanda eléctrica sigue bajando, crecen las importaciones energéticas, aumenta la sobrecapacidad del sistema, el déficit de tarifa y los costes regulados. Y pese a que ya se ha reconocido que la mayor penetración de las renovables reduce los costes de generación, la dependencia exterior de los combustibles fósiles, mejora el medio ambiente e incrementa la actividad económica y el empleo -como se describe en el preámbulo del proyecto de ley de garantía de suministro en los sistemas extra-peninsulares -, las medidas adoptadas desde 2008 solo se han dirigido a eliminar del mercado las fuentes renovables y la eficiencia energética incumpliendo de esta manera los objetivos europeos para 2020 de renovables, ahorro de energía y reducción de emisiones. Y el resultado es que todos los problemas no han dejado de agravarse.

El sistema no ha querido modificarse en dos décadas y está claro que no sirve para los grandes cambios que se han producido en este tiempo. Muchos de esos cambios están asociados a los impactos de la crisis económica y si no se adopta una política distinta la crisis agravará la insostenibilidad económica del sistema y lo más importante: el cambio de modelo energético es ya una condición necesaria para superar la crisis económica.

Las causas por las que se ha llegado a esta situación se pueden resumir en dos: la falta de competencia en los mercados energéticos y el sostenimiento de una economía que impulsa e incentiva el mayor consumo de combustibles fósiles importados del exterior.

La Comisión Europea, en una comunicación de noviembre pasado, afirmaba que la falta de competencia y transparencia hace que la tarifa de la luz esté distorsionada por los pagos por capacidad y que los consumidores no puedan disponer de la tarifa más barata. Un mercado con más competencia podría ahorrar hasta 13.000 M€ a los consumidores europeos. La reciente amenaza de la Vicepresidenta de la Unión Europea, Neelie Kroes, con abrir procedimiento de infracción a España con motivo del proyecto de ley del Gobierno que pretende unificar todos los organismos reguladores para que dependan de los ministerios es un ejemplo de cómo se quiere cerrar la competencia de los mercados energéticos a través del control político de los organismos reguladores. Esta es la principal barrera que impide a los consumidores beneficiarse de las externalidades positivas del ahorro de energía y de las fuentes renovables.

Pero a pesar de las quejas de la Comisión, la ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está a punto de aprobarse y aunque en el preámbulo del texto se dice que trata de evitar la captura del regulador, resulta ser de un intervencionismo tan excesivo que la independencia del regulador queda absorbida directamente por los ministros. El control de la competencia pierde así cualquier rasgo de independencia y queda sometido a la única voluntad del poder ejecutivo. El proyecto de ley determina que los 10 consejeros, que incluyen a su presidente y vicepresidente, serán nombrados directamente por el gobierno. El Ministerio de Industria asumirá la inspección de instalaciones energéticas, condiciones de precio y suministro, inicio e instrucción de expedientes sancionadores, reclamaciones de consumidores, liquidaciones y otras competencias hoy de la CNE. El propio Ministro de Industria será quien establezca las condiciones y obligaciones sobre la toma de participaciones en el sector energético en actividades reguladas y activos energéticos de carácter estratégico. El órgano regulador de la competencia en los mercados energéticos queda capturado por el ministro de industria y no hay ninguna medida que impida el trasvase de políticos a las empresas y a la nueva CNMC.

 Es un paso atrás histórico y, una vez más, se pasa por encima de las directivas europeas. Mantener un sistema energético vertical y centralizado frente a un nuevo modelo distribuido exige cerrar la competencia cargando a los consumidores los mayores costes de un modelo sin competencia. Se trata de una ley que perpetúa el atraso de nuestra estructura económica y no va a aportar nada a la recuperación de la economía y el empleo.

 ¿Cómo puede la sociedad beneficiarse de las renovables?

La evolución de los innumerables cambios regulatorios y de su fracaso para corregir los malos ratios de nuestro sistema energético ha ido en perjuicio únicamente del consumidor, único pagano de la factura de tan mala regulación, y reforzado el carácter oligopolístico de un mercado sin competencia real. Cualquier cambio tiene que tener como prioridad la transformación del consumidor en centro del sistema como consumidor-generador y parte activa en la gestión de la demanda. Devolver la soberanía al consumidor es el hilo conductor de las más recientes directivas europeas de eficiencia energética de edificios y de eficiencia energética que están directamente vinculadas a la mejora de la competitividad y al crecimiento de la economía utilizando las externalidades positivas de las renovables. Si se ha demostrado ya el ahorro que producen las renovables en el sistema es preciso adoptar las medidas para que esos beneficios lleguen a toda la sociedad y eso requiere un cambio de toda la regulación actual. El pasado mes diciembre la Fundación Renovables planteaba una serie de propuestas de actuación en política energética que siguen en vigor y que reformulamos de la siguiente forma:

Primero, se ha de permitir el acceso directo del consumidor final a las renovables porque el consumidor puede generar ya su energía de forma más barata con renovables que comprándola a la red. Es el fundamento de un modelo basado en la generación distribuida y el autoconsumo.

Segundo, es preciso realizar una profunda revisión de los costes regulados ya que los beneficios de las compañías energéticas no han bajado pese al descenso del consumo por que la bajada de la demanda eléctrica se ha compensado con constantes aumentos de los pagos por capacidad, restricciones técnicas y mayores recortes a las renovables y la eficiencia energética para garantizar al sistema los ingresos que pierde por el menor consumo de electricidad que a su vez incrementa el déficit de tarifa. Se trata de revisar los estímulos que hoy reciben los hidrocarburos y que provocan que con menos consumo aumente la dependencia energética. Este modelo es incompatible con la salida de la crisis.

Tercero, hay que cambiar de arriba abajo el método de conformación de precios de la electricidad que se referencia sobre el de la fuente más cara que es el gas y el carbón y determina el coste de las primas impidiendo que cada fuente tenga su precio.

Cuarto, se deben de tener en cuenta los beneficios y externalidades de las renovables en la definición de la política económica y energética y no solo en los preámbulos de las leyes. Cada fuente energética ha de internalizar todos sus costes. No hacerlo implica que el sistema sea injusto y nada transparente sobre los costes reales de cada tecnología. La reducción de las importaciones energéticas, de las emisiones contaminantes y la lucha contra el cambio climático han de ser objetivos prioritarios de la política energética.

Quinto, acabar con las barreras que impiden la competencia en los mercados energéticos, eléctrico y petrolero, para que el consumidor deje de ser un actor cautivo y sin derechos. La falta de competencia es el factor que más encarece el recibo de la luz ante lo cual el consumidor está desprotegido por la regulación.

Sexto, hay que considerar el ahorro de energía como el primer motor para el cambio de modelo energético y factor de fortaleza de la economía y del sistema energético. La eficiencia energética es factor de competitividad y crecimiento, todo lo contrario a la consideración oficial y del sector eléctrico que con la baja demanda la consideran una causa del incremento del déficit tarifario.

Conclusión.

La energía está transformando el mundo a una velocidad increíble; por el contrario, nuestra regulación energética vive todavía en el escenario de los combustibles fósiles. Ese es el origen de nuestros crecientes déficits energéticos. La salida de la profunda crisis que atraviesa España necesita con urgencia un cambio regulatorio en la energía para incrementar el uso de nuestros propios recursos renovables y sustituir nuestra carísima dependencia energética. Los costes de los combustibles fósiles son los que hacen insostenible el sistema; por el contrario, la mayor extensión de las renovables y de la eficiencia energética darán más fortaleza al país y permitirán otorgar al consumidor la categoría de ciudadano y actor principal de la política energética, como ha demostrado el incremento de la generación renovable de los últimos meses que ha abaratado el precio de la electricidad mientras que los combustibles fósiles incrementan los costes regulados.