El diputado del PP Manuel Martínez Malla se opuso a esta cesión que, según recordó, fue desestimada por el Tribunal Constitucional. Martínez valoró la gestión que se realiza en La Almoraima y criticó que se pida ahora su cesión cuando una parcela cedida gratuitamente al Ayuntamiento de Castellar fue vendida por este municipio "en menos de un mes" para la construcción de un campo de golf.
La proposición no de ley que reclama esta cesión fue presentada por IU, que recordó que La Almoraima abarca 14.109 hectáreas, prácticamente en su totalidad del término municipal de Castellar de la Frontera y un 90% de ellas están dentro del Parque Natural de Los Alcornocales.
Esta iniciativa asegura que La Almoraima constituye "el mayor latifundio" español y recuerda que esta finca se constituyó el 5 de abril de 1946 y fue expropiada en 1983 al Grupo Rumasa y desde entonces es "competencia exclusiva" del Ministerio de Agricultura.
La explotación forestal es la principal actividad comercial de La Almoraima, con especial incidencia del corcho, junto con el aprovechamiento de leñas, maderas y carbones vegetales. También destaca su aprovechamiento cinegético, ganadero y turístico. Pese a ello, IU indicó en la iniciativa parlamentaria que el rendimiento actual de esta finca "está muy por debajo de sus posibilidades potenciales, dada la importante extensión de la finca y la riqueza que alberga".
Según la proposición, este aprovechamiento contrasta con "la precaria situación socioeconómica que azota al municipio de Castellar y a la comarca del Campo de Gibraltar, cuya tasas de paro rondan el 35%".
"La Administración central y la dirección de la empresa han recibido peticiones para tomar medidas de mejora que faciliten la creación de empleo a través de proyectos presentados por el Ayuntamiento y que tienen por objeto ofrecer oportunidades de trabajo a la población, siempre compatibles con la sostenibilidad y la riqueza medioambiental de la finca y su entorno", defiende el texto aprobado, que recordó las "reiteradas" peticiones de planes de inversión específicos para la finca, mediante mayores dotaciones presupuestarias solicitadas cada año por enmiendas del grupo parlamentario de IU a los Presupuestos Generales del Estado.
"Ni estas gestiones ni otras realizadas personalmente por el alcalde o las movilizaciones ciudadanas pidiendo soluciones han obtenido ningún resultado concreto", lamentó. La propuesta concluye que esta finca "es íntegramente andaluza", por lo que considera "que debiera ser gestionada por la Administración más cercana y más sensible a los problemas del pueblo andaluz"
Europasur
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